Miembros de la reconocida y premiada ONG llegaron a la ciudad invitados por la Fundación Trasparencia Ciudadana para disertar sobre la importancia del involucramiento de la sociedad en la fiscalización y control ciudadano al estado para evitar la corrupción. Estuvieron presentes el ex Presidente de la Cámara de comercio de Posadas,  diputados provinciales de la UCR, un importante empresario local y una sindicalista provincial de la educación.

A 728 kilómetros de la capital de Misiones, se ubica la ciudad de Maringá, en el estado brasilero de Paranà. Tiene 403.000 habitantes. Datos estadísticos que no dicen mucho, pero hay algo distingue a esta ciudad brasilera, que fue fundada por la empresa “Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná”, en 1947, según Wikipedia. Se trata del Observatorio Social de Maringá, una ONG creada en enero de 2006 con integrantes sociales sin representaciones políticas: jubilados, profesionales, profesores, estudiantes, pasantes, amas de casa y empresarios son parte de esta institución modelo en la lucha contra la corrupción.

¿Por qué? Su trabajo consiste en realizar labores preventivas ante un posible caso de corrupción, evitando que el recurso económico público se pierda. “El Estado y la justicia sólo consiguen trabajar de forma represiva, después que se realizó el daño, pero si la sociedad se involucra, se modifica la situación y se puede evitar el daño, es decir, la corrupción, esa es la idea central del Observatorio: Primero, orientar a la sociedad sobre la importancia social y económica de pagar los impuestos y segundo, trabajar sobre la fiscalización en tiempo real y seguimiento en cuanto a control de los recursos públicos que gastan los órganos estatales de Maringá” explicó Fabia Sacco, ex presidente de la fundación por dos gestiones (2012-2014 y 2014-2016).

Sacco, abogada y profesora indicó, en un portugués bastante entendible, que el “observatorio no tiene la intención de sustituir a la justicia, sino el de complementar y aportar a la justicia acciones transparentes y legales”.

Fabiana Sacco de la ONG Observatorio Social de Maringá expuso en Posadas sobre la lucha contra la corrupción en Brasil.

Parece una idea simple, hasta de sentido común, sin embargo, implica esfuerzo, capacidad de concentración y trabajo colaborativo de la sociedad para descubrir posibles casos de corrupción.

Para entender el concepto del Observatorio, se puede recurrir a la analogía. Por ejemplo, cuando se fabrican autos, se trabajan con los conceptos de seguridad activa y pasiva: Todos aquellos elementos que contribuyan a proporcionar una mayor eficacia y estabilidad al auto en marcha, sirven para evitar un accidente, tales como el sistema de frenado ABS, el sistema de dirección, suspensión, estado de neumáticos, sistema de luces y de control de estabilidad, entre muchos otros. Eso conforma la seguridad activa. Pues bien, la seguridad pasiva es lo contrario, ya que son elementos que reducen al mínimo los daños que se pueden producir cuando el accidente es inevitable y efectivamente se produce. Los ejemplos son cinturones de seguridad, airbags, cristales y apoyacabezas.

Entonces, la concepción es la misma, el Observatorio Social de Maringá trabaja de manera activa sobre la corrupción en la ciudad.

“Entre 1997 y 2000, El municipio de Maringá fue blanco de un esquema de desvío de recursos públicos en el orden de más de 100 millones de reales. A los días actuales aproximadamente 1 millón regresó a  las arcas públicas

Brasil”,  sintetizó Sacco, quien reconoció que el país está pasando por reformas y procesos delicados: “Por eso es necesario el involucramiento de la sociedad. el observatorio de Maringá muestra cómo el involucramiento de la sociedad es posible. Cuando el observatorio comenzó, había graves problemas de corrupción. El esquema corrupto en Maringá era escandaloso, por ejemplo, un secretario de hacienda, que ganaba 3.000 reales, andaba en Ferrari por la ciudad. Por lo tanto, el esquema de corrupción era muy complejo. Esta misma persona, muchos de los autos que compró, lo hizo con cheques de la prefectura (municipalidad) de Maringá”, ejemplificó Sacco.

Cuando el Observatorio inició actividades, los voluntarios recibieron un entrenamiento por parte de la Controladoria Geral da União e TCU, es decir, el Tribunal de Cuentas del estado de Paraná, lo que les permitió comprender los procedimientos públicos y específicamente, las licitaciones.

El Observatorio ha creado una metodología de tres fases minuciosas para llevar a cabo la vigilancia: la primera, incluye la revisión de los pliegos de la licitación para comprobar su legalidad y transparencia y dar aviso a la municipalidad en caso de presentarse irregularidades. Y posteriormente, su divulgación entre la mayor cantidad posible de empresas para garantizar un buen número de oferentes y menores precios. La segunda, se enfoca principalmente en los precios, las cantidades y la calidad de los productos o servicios adquiridos. Y la tercera, en acompañar la entrega de los productos o servicios y verificar que lo que se oferta sea lo mismo que se entrega.

La fiscalización adelantada por el Observatorio ha permitido una disminución drástica de la malversación de fondos públicos en Maringá. Sólo en los nueve primeros meses de funcionamiento, se ahorraron más de cinco millones de dólares, gracias a la disminución en los precios pagados por medicamentos, automóviles y material escolar, entre otros.

La actuación del Observatorio en la prevención de la corrupción y la sensibilización de la ciudadanía en cuanto al pago de impuestos y la transparencia, es reconocida local, nacional e internacionalmente. En 2008, el Observatorio Social de Maringá fue premiado en la etapa regional del Premio FINEP de Innovación 2008, en la categoría Tecnología Social. Y en 2009, obtuvo el primer lugar en el V Concurso de Experiencias en Innovación Social, promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL y la Fundación Kellogg, compitiendo contra 1.000 proyectos inscritos. La CEPAL lo eligió por ser un proyecto “muy eficiente, con alto impacto social y fácilmente adaptable en otras ciudades”, ya que, “por ser un trabajo en su mayor parte hecho por voluntarios, no depende de grandes inversiones”.

El modelo de vigilancia del Observatorio ha sido propuesto por la CEPAL como ejemplo y experiencia replicable para América Latina. Actualmente, 52 de los 5.565 municipios brasileños cuentan con un observatorio de estas características. Este observatorio ofrece gratuitamente a los municipios interesados un software propio desarrollado específicamente para controlar licitaciones y gastos públicos municipales, y otro que permite la comunicación en internet entre todos los observatorios.

En la exposición que se realizó en el Hotel Julio Cesar, Sacco demostró que gracias al trabajo del observatorio, se pudo prevenir desfalcos al estado por cientos de miles de reales e incluso millones. “Y esto se realiza mediante dos frentes de trabajo, generando educación fiscal con la sociedad y realizando meticulosos acompañamientos de la ejecución de los gastos públicos”.

“La metodología para la fiscalización se traduce en fases. Por ejemplo, en el segundo frente en cuanto al acompañamiento de los gastos: primero, se analizan en tiempo real las licitaciones y luego se ejecuta el acompañamiento de la ejecución de esos contratos o licitaciones”.

La abogada brasilera diagnosticó uno de los motivos por los que la corrupción existe e incluso se ramifica a todas o casi todas las áreas de un estado: “Las leyes están para ser cumplidas, pero el sólo hecho que la ley exista, no quiere decir que se va a cumplir, por eso hay que involucrarse, participar y hacer que las leyes se cumplan, que en muchos lugares de Brasil las leyes están, pero no se cumplen y nadie se ocupa en involucrarse con eso, hacer un seguimiento. Y justamente para eso existe esta ONG”.

Es clave en las democracias modernas del siglo XXI que los ciudadanos controlen a sus gobiernos, pues esa es una de las características de las de democracias, no es sólo votar cada dos o cuatro años, sino que la tarea de ejercer la democracia activa es constante, fiscalizando, controlando y de ser necesario, reclamando cuando el Estado no hace lo que debe hacer, que en pocas palabras se trata de recaudar, favorecer la producción y distribuir los recursos de la forma más equitativa posible, cuidando por derechos, deberes y garantizas, sobre todo de las minorías.

La forma de trabajar de esta ONG es particular y llama la atención por la didáctica, creatividad y rigurosidad con la que afrontan su labor diaria de ciudadanos comprometidos. Por citar sólo un ejemplo, ayudan a enseñar a los niños y niñas en las escuelas cómo se controla el gasto de un estado.

– ¿Cómo llevan a cabo la “educación fiscal”?

Mediante trabajos de educación fiscal, es decir, por ejemplo concursos de redacción (monografías) en todos los niveles de escolaridad y hasta en los más formados (estudiantes terciarios o universitarios). Es importante que los niños desde pequeños estén informados sobre la temática de la trasparencia estatal. Las profesoras de las escuelas de Maringá pasan por un entrenamiento con voluntarios de la ONG, con la debida autorización de la dirección de la escuela, por lo que el sindicato de escuelas también apoya y permite estas acciones. Por ejemplo en 2013, cientos de jóvenes realizaron 3000 redacciones (monografías) sobre educación fiscal y en 2006 alcanzamos a recibir 22.000 redacciones. También se realizan ferias en escuelas o eventos públicos, donde se colocan productos de uso común del día a día, y ahí los niños y jóvenes pueden aprender cuánto de impuestos se paga por ese producto determinado. Esto sirve para que, ya desde edad temprana, los ciudadanos entiendan que todos pagamos impuestos, no sólo el empresario o comerciante.

– ¿Qué otras acciones realizan para concientizar sobre la importancia de el control ciudadano al estado?

También hacemos  movilizaciones públicas, por ejemplo en los semáforos, donde se despliegan pancartas sobre la importancia del voto consciente, por ejemplo, o se reparten volantes sobre quién es quién en una elección política determinada: Qué hace y de qué trabaja ese candidato. Nosotros no indicamos a quién votar, sino que queremos que las personas sean conscientes sobre porque votan a quien votan.

– ¿Qué acciones toma la ONG cuando detecta irregularidades de dinero en el estado?

Cuando el observatorio encuentra lo que mencionás, se eleva una nota al órgano de control correspondiente que regula ese ente que está bajo sospecha. Y hay un acuerdo con el estado, es decir, el observatorio avisa a las autoridades sobre las irregularidades, si ellos no lo resuelven, el observatorio recurre a una autoridad superior, es decir, recorremos el camino de fiscalizaciones de manera trazable vertical. No se hacen presentaciones judiciales o se ventilan  casos a la prensa antes que se resuelvan, o no, los casos en que sospechamos hay indicadores de corrupción.

Por ejemplo, la prefectura de Maringá compraba medicamentos de uso común, como antiinflamatorios o diuréticos. Lo que analizamos es que compraron 64 medicamentos en iguales cantidades. En el primer caso, lo adquirían a 3.58 reales Tenoxicam 20 mg, pero después de la fiscalización del observatorio, lo compraron a 0.045 reales. Lo mismo con lo diuréticos, antes pagaron 0.28 centavos de real Furosemida 2 ml y después  0.004 centavos de real. Antes del observatorio gastaron 1.375.423,28 reales, pero después de nuestra fiscalización, se gastaron tan sólo 847.177,42 reales, es decir, una economía del 38 % = a 528.245,86 reales “salvados”.  Otro ejemplo: 10.200 cepillos de dientes fueron comprados a un valor unitario de 4.30 reales en 2006, sin la intervención del observatorio, pero en 2007, la compra de 3.000 unidades del mismo producto, costó 0.31 centavos de real con la intervención ciudadana del observatorio. Es decir, una economía del 92.8 %.

Oscuros números y una luz ciudadana que arroja certezas donde sólo había dudas

En la disertación, Sacco detalló que la mayoría de solicitudes de impugnaciones y fiscalizaciones en tiempo real están basadas en una “tabla” de motivos para esas solicitudes. Lidera la misma la falta de claridad en los edictos o licitaciones y descriptivos de los productos a adquirir. El 2º puesto se lo lleva cuando un precio estimado de compra está por encima del valor de mercado. El 3º lugar queda para la llamada “Limitación de  competencia” u oferentes únicos, mientras que la 4º y 5º motivación que sirve de argumentación en las solicitudes de impugnación o fiscalización tienen que ver con la ausencia de precio unitario en los productos (4º) y elementos iguales con valores distintos (5º).

“Otro ejemplo que demostró la importancia de el control social sobre el estado u organizaciones estatales fue el caso de mantenimiento correctivo y preventivo en Acondicionadores de Aire Tipo split y ventana por valor de R $ 280.000,00. Allí detectamos que una de las fragilidades de la licitación era que existía ausencia de la cantidad de aparatos y de valores unitarios, por lo que nuestro pedido de Solicitud de impugnación fue acatada por la UEM (Universidade Estadual de Maringá) y la licitación fue anulada”

La experiencia misionera de control ciudadano: Fundación Trasparencia Ciudadana

Sergio Guelman, presidente de la fundación explicó, en la presentación de la ONG Maringá, que uno de los objetivos de la Fundación Trasparencia Ciudadana es el de ser una herramienta para que los fondos públicos y organismos públicos informen de forma completa, clara, concisa al ciudadano lo que generan y gastan. “El problema es que hoy día esta posibilidad no la tenemos en Posadas y Misiones. Es un problema importante que estamos viendo. y la idea es trabajar sobre esta problemática desde la fundación, Los ciudadanos necesitan y necesitamos hacer las cosas de una mejor manera para tener una mejor calidad democrática. Por eso , lo que necesitamos es el empoderamiento ciudadano que se sienta participe de un cambio”

Gelman admitió que trabajar para lograr la trasparencia estatal es un trabajo arduo, constante, difícil pero permanente y costoso. “Las ciudad de Maringá y Posadas no son Suecia, ni Suiza”.

Carlina Rodríguez, abogada de la fundación misionera explicó que las características de la ONG local es muy similar a la de Maringá: “Somos una asociación sin fines de lucro formada por ciudadanos independientes y es apartidaria, el trabajo de la fundación en este año y medio de vida tuvo que ver con  investigar lo que hace el estado misionero y posadeño a través del Sistema de Evaluación de la Integridad Local (LIS, por sus siglas en inglés)”

El documento de Poder Ciudadano y Trasparency International “Sistema de Evaluación de la Integridad Local Ciudad Autónoma de Buenos Aires” explica que LIS es 1 de los 5 pilotos iniciados por Transparency International (TI) en África, América Latina, Europa y el Medio Oriente para probar la relevancia y la aplicabilidad del método de evaluación del LIS en diferentes contextos nacionales y locales. Basado en el enfoque de Sistemas Nacionales de Integridad (NIS por sus siglas en inglés) de Transparency International (TI), el Sistema de Evaluación de Integridad Local (LIS) combina la recolección de evidencia empírica válida y confiable sobre el desempeño del marco de gobernanza local, los actores y las instituciones anticorrupción con un enfoque consultivo, involucrando a actores clave en las etapas de investigación, promoción y planificación del proyecto

Los objetivos centrales de la Evaluación LIS son: Evaluar la existencia y eficacia de los procedimientos y mecanismos para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad con el fin de luchar contra la corrupción a nivel local; Formular recomendaciones sobre áreas a reformar, y proporcionar las bases para un plan de seguimiento para fortalecer la integridad local, en colaboración con los actores locales clave.

“Las declaraciones juradas deben ser públicas en Misiones, pero aún no tenemos esa oportunidad, como si se da en Nación”, se lamentó Rodríguez.

La Fundación Trasparencia Ciudadana realizó numerosos pedidos de acceso a la información pública y acciones de acciones de sensibilización y capacitación contra la corrupción.  En el año y medio de vida, la fundación misionera elaboró:

  • 59 notas.
  • 13 pedidos de audiencias con distintos funcionarios
  • 46 pedidos a distintos organismos y funcionarios

Y obtuvo resultados dispares:

  • Consiguió 13 respuestas “satisfactorias”. La abogada explicó que el encomillado tiene que ver con que esas respuestas favorables no eran informaciones “amigables”, es decir, tenía un nivel de entrada o de compresión algo elevado
  • Obtuvo 13 incompletas incoherentes, en los que las respuestas no se condescendían con esa solicitud
  • 33 pedidos nunca fueron respondidos

Los temas troncales que fueron eje de los pedidos de información tuvieron que ver con:

  • Presupuestos y ejecución de presupuestos
  • Plantas de personal permanente y contratados
  • Planta de vehículos, oficiales, maquinaria vial y combustibles
  • Contratos de alquiler del municipio y del Concejo Deliberante de Posadas
  • Licitaciones
  • Pautas publicitarias

– ¿Qué busca la fundación?

“Fomentar la trasparencia en la gestión de los fondos públicos y contrataciones del estado, además de presentar información de forma amigable, procesada y actualizada para facilitar el ejercicio de un control ciudadanos responsable”. sintetizó Rodríguez.

Para Alejandro Gallandat, secretario de la Fundación Trasparencia Ciudadana, “obviamente alguien que está necesitando dinero para llegar a fin de mes o alguien que está en situación de calle no pide estas cosas, no se va a preocupar si están presentados de forma adecuada los presupuestos y con posibilidad de conocer a donde van esos recursos, pero si le afecta a esa persona cuando las prestaciones del estado no le llegan o sufre por prestaciones de mal calidad”.

 

Políticos y empresarios misioneros presentes en la disertación de las dos ONG 

Nicolás Trevisan, ex Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas; Diego Barrios, Presidente de la importante firma comercial de venta de insumos eléctricos Electro Misiones y ex candidato a intendente por el PR; Germán Bordón, diputado provincial misionero por la UCR; Gustavo González, también diputado provincial por la UCR en Misiones y Estela Genesini, dirigente gremial integrante del Frente Unido de Trabajadores de la Educación (FUTE) Misiones – fueron parte de los asistentes a la presentación de la ONGs Observatorio Social de Maringá y Fundación Transparencia Ciudadana en el primer piso del céntrico hotel Julio César, en Posadas.

 

 

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